En un máximo de ocho horas debe la justicia proteger a mujeres que están siendo violentadas y que requieren auxilio, señaló la presidenta del Poder Judicial del Estado, Gabriela Espinosa Castorena, al informar que en lo que va del año se han emitido alrededor de 450 documentos de tal naturaleza.
Recordó que las órdenes de protección no solamente las puede emitir un juez, como es el caso de la titular del Juzgado Quinto de lo Familiar del PJE, que de hecho se localiza en el Centro de Justicia para la Mujer.
“Además, pueden y deben ser extendidas por otras autoridades a las que la mujer violentada recurra porque quizá es lo más accesible que tiene para pedir ayuda que proteja su integridad y la de sus hijos, en su caso”.
En ese sentido, recalcó que las órdenes de protección igualmente pueden ser entregadas por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y también del ámbito Estatal.
Comentó que lo más común es que las mujeres violentadas acudan al juez de lo familiar y eso es adecuado, pues invariablemente hay una guardia en ese despacho jurisdiccional especializado en materia familiar.
“Pero las mujeres deben saber que hay otras instancias a las que es posible recurrir y con derecho a recibir ayuda oficial, tratándose de una situación crítica que las tenga en condición insegura”.
Explicó que las órdenes tienen sustento en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado; se solicitan mediante escrito o comparecencia personal y se emiten en un término de ocho horas.
Su temporalidad es de tres días y las más comunes son: separar del domicilio común a la persona violenta; y prohibición de acercamiento de la persona violenta al domicilio particular, laboral o cualquier otro que frecuente la víctima.
Igualmente, ordenar a la persona violenta no molestar o ejercer actos de violencia; y reacción inmediata de la policía, con rondines durante las 72 horas.