Así como en tiempos lejanos se acostumbraba darles con la palmeta a los alumnos malportados, hoy, a los que disputan el liderazgo del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), se les ha pedido que en lugar de sacar sus trapos al sol, actúen con prudencia y total responsabilidad.

Resulta extraño que les pidan eso, que presumiblemente es lo que más les sobra, pues por algo son capitanes de negocios, sin dejar de desconocer que son proclives en opinar de todos los temas habidos y por haber, principalmente de las condiciones económicas, políticas y sociales.

El actual presidente, Miguel Ángel Godínez Antillón, pretende reelegirse por segunda vez, y lo propuso al considerar que sería sin ningún obstáculo, por lo que la próxima reunión sería únicamente para convalidar ese propósito; sin embargo, el presidente del Centro Empresarial de Aguascalientes (CEA), Jaime Durán Padilla, ratificó lo que señaló con antelación a este Diario, que iría por el cargo.

Lo anterior desató una serie de comentarios a favor y en contra de que continuara Godínez Antillón, mientras que él tenía un as bajo la manga, que finalmente sacó a la luz pública, al informar que el CEA no está al corriente en el pago de las cuotas al organismo, por lo tanto, no tiene voz ni voto en el proceso de cambio, a lo cual reviró Durán Padilla, que ése no es impedimento, puesto que puede pagar momentos antes de la elección, en función de que los estatutos no definen en qué momento se pongan a mano, además, tiene listo el cheque, lo cual evitará que bloqueen su participación.

Algo debe tener la presidencia de un organismo empresarial como para que se registre ese tipo de desencuentros; basta recordar lo que se vivió los últimos meses de 2013 y a principios del presente año en la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), asunto del que aún hay muchas interrogantes.

Ante la discordia que se vive al interior del CCEA, el gobernador José Carlos Lozano de la Torre los convocó a mantener la calma, y en un ambiente de armonía y respeto lleven a cabo la elección.

Durante la inauguración de la Primera Jornada de Vinculación entre Sectores Productivos e Instituciones de Financiamiento para la Competitividad, el mandatario aprovechó para exhortar a los miembros de las cámaras empresariales a que se mantengan unidos y fortalezcan el razonamiento, la tolerancia y el discernimiento.

Lozano de la Torre precisó que “no podemos permitir que los logros que hemos alcanzado en el marco de una gran alianza cívica, que ha conjuntado el esfuerzo de los tres órdenes y poderes de gobierno, así como de los diferentes sectores productivos y sociales, se pierdan en el encono y la división”.

Reconoció que las diferencias son “naturales y deseables”, pero de ningún modo pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo y crecimiento económico, por tal razón, debe anteponerse los intereses de la sociedad a los personales.

Quien escuchó la reconvención fue el ingeniero Miguel Ángel Godínez, participante en la ceremonia que se desarrolló en el Salón de Locomotoras, mientras que Jaime Durán prefirió estar en otro evento, pero de la misma manera debió tomar nota.

Como no queriendo la cosa, Salvador Esqueda, presidente del Centro de Innovación Empresarial de Aguascalientes (Ceinnova), metió más ruido, al mencionar como posibles relevos de Godínez a Pedro de la Serna, expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción; a Óscar González Martínez, presidente de Distribuidores de Automotores, y al propio Jaime Durán.

En conexión con el llamado que hizo el gobernador José Carlos Lozano, el presidente nacional del Autotransporte de Carga, Roberto Díaz Ruiz, aconsejó actuar con mesura para que el 6 de septiembre (sábado próximo) se dé una muestra de madurez, de unidad y compañerismo, ya que esto es primordial para plantear, preservar y defender posturas del empresariado. ¿Los escucharán?

IEA SIN PLANEAMIENTO

Tanto se habló de un cambio cualitativo de la educación en Aguascalientes, ofreciéndose que habría de reflejarse desde el primer día del ciclo escolar, que se esperaba algo diferente, pero en lugar de eso, se multiplican los problemas en escuelas primarias y secundarias por falta de profesores, sobre cupo en varios grados, condiciones de los planteles y confrontación con los padres de familia que se la creyeron que no habría cuota “voluntaria”, entre otras imprevisiones y ligerezas.

El problema más grave radica en que sin ton ni son se eliminó a los profesores que hasta julio pasado trabajaron bajo contrato y quienes supuestamente serían suplidos con el personal que estaba comisionado, pero sin que a éstos les notificaran el lugar asignado, por lo que entre que son peras o son manzanas, los niños o jóvenes no tuvieron clases las primeras dos semanas.

Puede aducirse que donde hay más de 1,500 planteles y alrededor de 12,000 profesores es normal que pueda registrarse algún desfase; sin embargo, esto de los acomodos se manejó hasta la saciedad desde principios de año, por lo cual hubo el tiempo suficiente para que desde julio tuvieran el nombramiento, situación a que se agrega la falta del preceptor por amparo médico o permiso y tampoco se previó enviar al suplente.

De siempre, la educación estatal funcionó sin problemas, porque había una dirección de planeamiento que se responsabilizaba de proponer, tramitar y validar los recursos docentes, de personal de apoyo e infraestructura, presupuestar los recursos financieros, normar las construcciones escolares y emitir la estadística educativa oficial de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la SEP, entre otras obligaciones; pero a estas alturas se desconoce si la dependencia continúa en funciones, porque según el portal del IEA, se rige “por las directrices marcadas en el Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010”.

En apego a lo anterior, se entiende el desbarajuste que hay, pues si sus líneas de acción son las de un sexenio que dejó de operar hace cuatro años, entonces los reclamantes tendrían que meterse en la cápsula del tiempo para encarar a otra administración.

NI A CUÁL IRLE

Cada vez que alguien pone en tela de juicio la democracia y su excesivo costo, de inmediato saltan a la arena un sinfín de defensores, alegando que es necesario invertir recursos públicos para tener confianza en los resultados electorales; sin embargo, lo que está a la vista es una situación totalmente distinta, con partidos burocratizados que defienden fieramente las prebendas millonarias que reciben y con unos ciudadanos cada vez más decepcionados de la política y los políticos.

A partir de los comicios que habrá el año próximo, serán diez partidos, tres más que en 2012, lo cual en teoría permitiría a los ciudadanos ampliar las opciones, pero se vislumbra que todo seguirá igual, con más del 50 % de los empadronados que no acuden a votar y quienes ganan es con un mínimo de votos, que en ocasiones apenas rebasa el 20 % del registro, lo cual es más que suficiente para estar en el Congreso de la Unión, puesto que la ley establece que triunfa quien obtiene la mayoría de los votos emitidos.

Mientras se inicia el año electoral, los dirigentes se entretienen en resguardar su cachito de gloria y lanzar anatemas a los adversarios, o promover fórmulas triunfalistas que naturalmente no pasan de ser sueños ardientes. Lo más importante para ellos no es motivar al pueblo para que se involucre en la política, sino en conservar el puesto que tan buenos dividendos les deja.

Lo anterior se observa en la mínima actividad que hay en materia de capacitación política, no obstante que faltan unas semanas para que inicien las acciones rumbo a las elecciones de junio, por lo tanto, no se extrañe de que vuelva a ser más de lo mismo.

MIGRANTES A LA DERIVA

Mientras que en Europa son más compasivos con los emigrantes que proceden de África, principalmente España e Italia, al socorrerlos en alta mar y brindándoles atención en tierra firme, en Estados Unidos se ha radicalizado la presencia de la patrulla fronteriza con acciones y el empleo de equipo similares a los utilizadas en Irak y Afganistán para detectar, detener y deportar a los indocumentados, además persiste el rechazo a una ley de amnistía que favorecería a más de 12 millones de individuos con años de vivir de manera encubierta en su territorio.

Aunque México no actúa de la misma manera, hay semejanzas del Instituto Nacional de Migración (INM) y de las policías federal, estatal y municipal para aprehender a los “sin papeles” que viajan rumbo a EUA, haciéndolo no sólo en las estaciones de trenes y centrales de autobuses, sino que detienen camiones de pasajeros y vehículos particulares en plena carretera o en los puntos de revisión, para averiguar si entre los ocupantes hay algunos que carezcan de documentación, y en caso afirmativo, los detienen y son confinados en estaciones migratorias para regresarlos a su país.

En este contexto se dio la gira de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto a California, en donde se reunió con comunidades mexicanas y representantes de diversos organismos, ante quienes criticó la política migratoria que mantiene Estados Unidos.

Consideró que las normas contra migrantes son éticamente reprobables y contrarias a una responsabilidad compartida entre Estados Unidos y México.

“A quienes todavía creen y apuestan por la exclusión o la discriminación o el rechazo a la diversidad, estoy seguro y sólo tengo una cosa que decirles: el futuro y un futuro muy próximo, demostrará su error ético; el tiempo nos habrá de dar la razón.”

A la reunión que tuvo lugar en Los Ángeles, en el hotel Millennium Baltimore, acudieron más de 500 connacionales, a quienes el titular del Poder Ejecutivo les dijo que se solidariza con la situación que padecen en varios lugares de EUA. Los mismos asistentes ovacionaron al gobernador de California, Edmund Brown, por las medidas que aplica a favor de los migrantes.

Peña Nieto afirmó que mantiene contacto con “actores relevantes” para reiterar la postura mexicana sobre la necesidad de una reforma migratoria justa, y que se cree una nueva relación entre ambas naciones, por lo tanto, confió en que pronto habrá más puentes y menos muros.

Con motivo de la visita presidencial se difundió que 11.5 millones de mexicanos residen en California y de ellos, 3.5 millones están en Los Ángeles, teniéndose un comercio total entre México y California en 2013 por 60,174 millones de dólares.

A pesar del interés mostrado por el mandatario de México en el tema, los sindicatos y organizaciones de derechos de indocumentados en California se mantuvieron distantes, al considerar que no ven progreso del gobierno mexicano en influir en la política estadounidense, que le falta agresividad para que el presidente Barack Obama regularice la situación de los indocumentados y en lugar de eso se ha alejado. Esa se ratificó recientemente con un gobierno mexicano que no dijo nada ante la deportación de los niños y tampoco hay interés en frenar las deportaciones y abusos de sus propios connacionales.

Subrayan que es ambigua la actitud de EPN, que por una parte condena lo que hace Estados Unidos y por otra su administración ha incrementado la deportación de centroamericanos en los últimos meses, en obediencia a los dictados de Washington.

El Centro de Recursos para Refugiados Centroamericanos (Carecen, por sus siglas en inglés) denunció que enviados de este organismo estuvieron en El Salvador para investigar el problema, recopilando información, la cual determina que en junio llegaban deportados de México a El Salvador entre 130 y 150 personas, mientras que actualmente es de 600 a 700, en su gran mayoría mujeres y niños, lo que a su vez se refleja en la disminución del flujo hacia Estados Unidos, al haber aplicado México medidas extremas para ubicar a los migrantes y devolverlos a su lugar de origen.

Se necesita que Peña Nieto asuma un papel más firme, señaló Jorge María Cabrera, encargado del área de información de la coalición Chirla (Coalición para los Derechos Humanos de los Migrantes de los Ángeles), que dé ejemplo a Estados Unidos de cómo tratar humanamente a los inmigrantes, porque hasta el momento, “su participación deja mucho qué desear”.

¿GENDARMERÍA A OAXACA?

Las condiciones están dadas para que la Gendarmería Nacional incursione en Oaxaca y rescate el Estado de Derecho, disminuido por las arremetidas de la disidencia magisterial y la blandura del gobernador Gabino Cué, lo que mantiene en un grave problema al sector productivo.

Aunque el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, no mencionó a esa entidad en la advertencia que hizo, de que nada ni nadie puede estar por encima del mandato constitucional, dejó en claro que se actuará con mano firme para hacer prevalecer el orden.

Fue una tácita respuesta a la actitud beligerante que ha adoptado la Sección 22 de la CNTE, al sostener que en Oaxaca se aplicará una ley de educación distinta a la federal, aprobada el año pasado y ya vigente en el resto del país.

“Ahí donde no se han podido dictar leyes que tengan que ver con los grandes objetivos de la política educativa de México, incluso de los convenios y la celebración de tratados con otros países, tenemos el principio de supremacía constitucional que nadie desconoce y que se puede ventilar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad, para que ésta diga cuál de las posiciones en disputa prevalece”, dijo.

Recalcó que “sólo el derecho es el que nos permite corregir este tipo de circunstancias”, máxime que en un estado federal las partes de la Federación deben hacer coincidir sus leyes con los grandes temas que son materia de convenios y tratados internacionales o que prevé la Constitución.

Chuayffet Chemor recordó que en todos los casos donde ha habido diferencias entre una ley local y las leyes federales, se presentaron controversias constitucionales ante la Corte, que tiene la última palabra.

Entre las razones para que la Gendarmería ingrese a Oaxaca, está que puede actuar en zonas donde se necesite fortalecer capacidades institucionales y presencia del Estado, y en lugares donde deba apoyar a las autoridades locales; asimismo, para “salvaguardar los empleos y mantener el funcionamiento cotidiano de las ciudades”, reza uno de sus objetivos.

CONDENA PRI “PETROMOCHES”

Tras la delación periodística que lo involucraba en una acción fraudulenta, el PRI presentó una denuncia ante la PGR y la Procuraduría del Distrito Federal para que investiguen, y en su caso, se aprehenda y consigne a supuestos gestores que ofrecen a gobiernos locales priistas bajar donativos de Pemex a cambio de 20 % del monto que se obtenga, el cual presuntamente serviría para financiar campañas del tricolor.

Por su parte, el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, declaró que la empresa a su cargo no tiene relación alguna con el PRI, que no existen intermediarios para la asignación de donativos y donaciones, y cuando se han presentado senadores o diputados a gestionar este tipo de recursos, no se autorizan.

Los traspasos que se hacen son del dominio público y están sustentados en la ley, por tal razón, está claro que el director general ni cualquier funcionario de Pemex tienen atribuciones para actuar unilateralmente, ya que para eso existe un comité que sopesa las peticiones recibidas y “con base en temas ambientales, sociales, si es petrolero o no” se da la respuesta, puntualizó Lozoya.

En la publicación que hizo el periódico Reforma en su edición del 25 de agosto pasado, se ventiló que Fernando Bustillo, director comercial de Probacheo, y Manuel Ruiz, directivo de la empresa Blindarte, “consiguen jugosos contratos para sus compañías con los apoyos que les ofrecen a gobiernos priistas tramitar directamente con la paraestatal”, por lo cual deben darles 20 % de lo que consigan, que presumiblemente sería “para financiar las campañas del tricolor”, destaca la nota.

Al día siguiente, el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, deslindó a su partido de ese tipo de negocios, por lo que “vamos con todo a aportar cualquier elemento que se necesite para que se integre la carpeta de investigación y pronto se mande a un juez y pueda librarse órdenes de aprehensión contra estas personas”.

Luego de presentar el Revolucionario Institucional las denuncias ante la Procuraduría capitalina, Camacho insistió en que “es evidentemente una conducta que se puede tipificar como delito y que el primer agraviado o un agraviado directo es el PRI”, por lo tanto, “no sólo son reprobables, condenables, sino que de nuestra parte rechazamos absolutamente cualquier vínculo con estas personas, a quienes ni siquiera conocemos, nadie de la dirigencia del PRI tiene relación con ellos”.

El dirigente reveló que no es la primera vez que algunas personas buscan beneficiarse con recursos a nombre del PRI, como lo demuestra el hecho que desde enero hay tres detenidos en el Reclusorio Oriente, “se trata de auténticos vivales que aprovechando la confusión o generando una información falsa, han pretendido ganar dinero cometiendo delitos, aprovechando o echando mano del PRI”.

Del caso actual, consideró que el haberse hecho público la identidad de los gestores y la ubicación de sus oficinas, facilitará la investigación y eventual consignación ante las autoridades judiciales, por ello se espera que en poco tiempo se tenga información al respecto.

La noche del mismo martes 26, Pemex presentó ante la PGR una denuncia en contra de los hipotéticos gestores. Marco Antonio de la Peña y Araceli Cortés Hernández, director jurídico y subgerente Penal de la paraestatal, interpusieron una denuncia de hechos ante la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.

 

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