En sesión ordinaria, la Comisión de Educación y Cultura, que preside el diputado Jesús Morquecho, aprobó el dictamen acumulado que resuelve diversas iniciativas para reformar la Ley de Educación del Estado.

De esta manera, el documento establece la prohibición formal del cobro de cuotas o aportaciones escolares que condicionan el derecho a recibir los servicios educativos que el Estado debe proporcionar de forma gratuita.

Además, se establece la generación de condiciones favorables para la atención personalizada y efectiva en la impartición de educación básica, mediante la reducción o limitación del número de alumnos en cada grupo; el tope máximo es de 40, y actualmente hay aulas con 45 o 50 chamacos.

Las reformas también buscan impulsar el desarrollo humano considerando la formación de valores universales como el humanismo, la solidaridad, la tolerancia, la cultura de la legalidad, la vida comunitaria y la sustentabilidad.

El dictamen es el resultado de un acumulado de propuestas que presentaron por separado los legisladores Estela Cortés, Elsa Amabel Landín, Cristina Urrutia, Gustavo Báez y Arturo Fernández Estrada.

Será turnado a la Comisión de Gobierno para que sea analizado y, en su caso, incluido en el orden del día de una próxima sesión ordinaria.

En entrevista por separado, la legisladora Ma. Estela Cortés Meléndez reiteró que es ilegal el cobro de cuotas escolares, pues hacerlo viola las últimas disposiciones constitucionales en la materia.

“Es vergonzoso que los papás tengan que pagar hasta los artículos de limpieza y demás insumos, cuya dotación debe ser responsabilidad del Gobierno”.

Subrayó que por mandato constitucional, corresponde al Estado dar mantenimiento a las escuelas, no a los padres de familia, por lo que a todas luces es ilegal el cobro de cuotas “voluntarias” que se imponen en cada plantel.

Con las reformas aprobadas, se acabará con esa arbitrariedad, sólo falta el aval del Pleno Legislativo.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza hizo hincapié en que el Artículo 3º Constitucional establece la obligación de ofrecer educación básica y media superior; además, se deja en claro que toda la educación que el Estado imparta será gratuita, de ahí la importancia de que esas disposiciones se plasmen en la normatividad local.