Hasta el pasado mes de julio, Aguascalientes se posicionó en el contexto nacional como la entidad con la menor incidencia de delitos del fuero federal, al registrar un total de 190 hechos delictivos en diversas modalidades.
Así lo dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del documento “Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Federal por Entidad Federativa”, cuyas cifras al cierre del séptimo mes del año, revelan que, en el ámbito del delito de alto impacto, el narcomenudeo es lo que más nos lacera como estado.
Las cifras publicadas por el organismo federal indican que en los primeros siete meses del año en curso, la autoridad federal procuradora de justicia abrió un total de 56 carpetas de investigación por hechos relacionados con delitos contra la salud.
De éstos, 47 casos fueron por posesión y consumo de sustancias ilegales, en tanto que se detectaron y acreditaron 8 eventos de producción y solamente 1 de tráfico. En orden de importancia le siguen los delitos patrimoniales que de acuerdo a la información oficial sumaron 52 casos.
Cabe destacar que de acuerdo al Artículo 367del Código Penal Federal, los delitos patrimoniales son los casos de robo de bienes muebles y/o materiales vinculados con delitos del fuero federal.
Entre ellos se incluye el uso o aprovechamiento de la energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente puede disponer de ellos.
Asimismo, el reporte del SESNSP indica que en el periodo se abrieron 4 carpetas de investigación del fuero federal por igual número de delitos cometidos por servidores públicos.
Mientras que por delitos perpetrados “Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental”, se documentaron siete denuncias, así como 5 por delitos “Contra la Integridad Corporal” y 3 por los cometidos “Contra Vías de Comunicación y Correspondencia”.
En el rubro de “Otros Delitos del Fuero Federal” se registraron 46 más, no especificados, y 17 de “Falsedad”; los apartados de delitos electorales y derechos de autor quedaron en cero.
El documento puntualiza que la incidencia delictiva se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por la Procuraduría General de la República, instancia responsable de la veracidad y actualización de los datos.