Al menos ocho de cada diez asuntos penales judicializados están recibiendo sentencias condenatorias, aseguró el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, al revelar que, en esta materia, los expedientes han registrado un incremento del 25% en lo que va del año y respecto del mismo periodo de 2017.
Estas cifras obedecen no sólo a la tendencia al alza en los delitos del fuero común que se cometen en el estado, sino especialmente a que la Fiscalía General del Estado está acompañando los expedientes que judicializa, con elementos de prueba contundentes que permiten al juez dictar sanciones claras y contundentes.
En entrevista, detalló que en el ámbito penal el 70% de los asuntos que llegan a tribunales tienen que ver con robo en todas sus modalidades y con narcomenudeo, ya que ambos se han constituido como los delitos de mayor recurrencia contra la población del estado.
Por un lado, en el robo se destacan los asaltos a casa-habitación en primer lugar, seguidos del robo vehicular que sigue siendo una modalidad que está afectando frecuentemente a la sociedad.
En cuanto a narcomenudeo indicó que la autoridad investigadora ha transitado de la sola persecución y procuración de los vendedores de sustancias al menudeo, a alcanzar a quienes poseen droga; “esta acción estricta está arrojando buenos resultados contra la distribución de narcóticos”, consideró.
Respecto del tiempo de solución de asuntos en materia penal, explicó que el nuevo sistema sí está permitiendo mayor celeridad de resolución, pues hay expedientes que a los 15 días ya se resolvieron mediante el procedimiento abreviado, es decir, el que involucra a personas que delinquen por primera vez o están siendo procesados en una primera ocasión y tienen la posibilidad de someterse a este modelo para lograr una sentencia casi inmediata.
Otros asuntos se resuelven por vías alternas, como los que llegan a acuerdos reparatorios entre las partes, la mediación de conflictos o bien la suspensión a prueba en la cual casi siempre se obliga a cubrir la reparación del daño.
Finalmente, expuso que una de las ventajas del nuevo sistema es que privilegia la posibilidad de acuerdos de reparación con las víctimas, que son salidas alternas a las que se recurre la mayoría de las veces, lo que permite que no se siga el proceso, sino que se atienda la necesidad de quien recibió el daño.