De acuerdo a los artículos transitorios de la nueva Ley de Movilidad, por única ocasión, los trámites sucesorios y de renovación de concesiones de transporte público deberán tramitarse por los interesados en el lapso de 60 días, en caso contrario, operará la caducidad del derecho de los beneficiarios o interesados para tramitar la sustitución o renovación, la cual deberá realizarse en los términos prevenidos en este ordenamiento.

Dentro de 180 días, el Ejecutivo debe expedir el Decreto a través del cual se establezcan las reglas de operación y funcionamiento del Fondo Estatal de Movilidad, que no será sostenido por ATUSA como lo afirman algunos concesionarios.

Tendrá por objeto planear los esquemas de financiamiento, captar y administrar los recursos públicos y privados, así como contribuir al fondo de apoyo a las tarifas preferenciales extraordinarias del transporte público.

La operación y administración de este Fondo estará a cargo de la Secretaría de Finanzas del Estado en términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

El patrimonio se constituirá por los siguientes recursos: las partidas destinadas a este fin en el Presupuesto de Egresos del Estado o de la Federación; los productos que se generen de su operación o las inversiones de sus fondos; los derechos y accesorios de las contribuciones que se recauden de las sanciones impuestas a los infractores de esta normatividad, en el porcentaje que en su caso determine la Ley de Ingresos del Estado.

Además, las donaciones realizadas por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; las aportaciones de organismos y asociaciones internacionales; la participación de los ingresos que trimestralmente aporten las empresas de redes de transporte administradoras de plataformas tecnológicas registradas; y, los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto.

El Fondo Estatal para la Movilidad tendrá un Comité Técnico, que será presidio por el titular de la Coordinación de Movilidad.

Las reglas de operación, así como todos los aspectos que resulten necesarios para el adecuado funcionamiento del Fondo y la competencia del Comité Técnico, serán determinados mediante el Decreto que al efecto expida el gobernador del Estado.

Finalmente, en el ámbito de su competencia los municipios deberán establecer los mecanismos que consideren adecuados para el financiamiento de la movilidad.

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