David Reynoso Rivera Río

Tras la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los diversos transitorios de la propia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, nos encontramos frente a este galimatías que involucra la coexistencia de un Sistema Nacional con 32 Sistemas Estatales que al mismo tiempo gozan de cierta “autonomía”, pero no dejan de estar subordinados al centralismo que ha caracterizado la arquitectura constitucional de los últimos años.

El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas estipula lo siguiente: Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité́ Coordinador, a propuesta del Comité́ de Participación Ciudadana, emitirá́ los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.

Lo anterior, pone en manifiesto al día de hoy que los sujetos obligados tendrán que rendir sus declaraciones; sin embargo, la protección de sus datos personales queda supeditado a los formatos que emitirá el propio Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, mismos que aún no se han publicado. No cabe duda que la transparencia y el acceso a la información son dos pilares fundamentales que combaten el lacerante fenómeno de la corrupción; sin embargo, uno de los temas más sensibles aquí resulta ser el uso que puede dársele a la información “pública” de los sujetos obligados.

Los grandes doctrinarios del derecho y nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido que ningún derecho es absoluto. Es por ello que bajo el supuesto de que toda la información debe de ser pública podríamos incurrir en un gran riesgo al exponer a los sujetos obligados ya que evidenciar al público en general datos tan sensibles como la cantidad de recursos, ubicación de sus bienes o la cuantía de su menaje podrían poner en peligro su seguridad y por ende, su vida e inclusive la de su familia.

Imaginemos el caso de un empresario que lleva más de veinte años dedicado al sector privado y se le presenta la oportunidad de convertirse en servidor público por no mencionar ejemplos de regidor, diputado, presidente municipal, senador o inclusive en gobernador; si su empresa le otorga ganancias significativas quizá considere no ocupar el puesto por proteger su integridad y la de su familia. Lo anterior resulta un simple ejemplo de algo que pudiera privarnos de quizá un excelente servidor público con la capacidad y experiencia necesaria para determinada área específica.

Recientemente, nuestra Suprema Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 70/2016 en la que respondió un par de cuestiones en relación con cuál derecho debe prevalecer en caso de que entren en colisión el derecho a la vida privada y protección de datos personales con el principio de máxima transparencia y acceso a la información pública. Los razonamientos dan para escribir un texto de enorme extensión; sin embargo, lo importante aquí resulta ser que la famosa #3de3 puede tener diversas aristas y no debe de ser tratada como tema menor.

En mi opinión, el fin de la norma es conocer el patrimonio de los servidores públicos y demás sujetos obligados para permitir el escrutinio de su evolución patrimonial durante y al finalizar el encargo público; sin embargo, esto no debe de significar que la información pueda ser consultada por cualquier persona, sino que debe de acotarse a ciertos sujetos y corporaciones encargadas de realizar dichas investigaciones para no vulnerar otros tantos derechos.

Correo: davidreynoso@sapiensiuventus.com

Twitter: @davidrrr

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